¿Qué espera la ciudadanía de la cuenta pública? ¿En qué pie llega el gobierno a su primera cuenta pública? Ad portas de la primera comparecencia del presidente, fijada para el próximo 1 de junio, la reciente medición del GPS Ciudadano buscó profundizar en el clima de opinión en el que se realizará dicho hito republicano. Además, la cuenta coincide con el plazo autoimpuesto de 90 días para relucir avances en materias importantes, como la agenda de seguridad. En ese marco, la “ley miscelánea”, las expectativas sobre la Cuenta Pública y la evaluación de los primeros 90 días configuran un cuadro en el que se expresan tanto los clásicos clivajes políticas de izquierda y derecha, junto a brechas generacionales y de interés político, revelando distintos modos de interpretar esta primera etapa del gobierno y disposiciones frente a su capacidad de conducción.
Conocimiento y Evaluación de la “ley miscelánea”
El 41.8% declara haber escuchado “mucho” sobre el proyecto. Los resultados muestran que la ley logró entrar en la conversación pública pero esa entrada no fue pareja, observándose diferencias en los niveles de conocimiento principalmente según autoclasificación política, interés en política y, en menor medida, en variables sociodemográficas salvo la edad. En la ilustración 1, es posible observar que quienes se identifican con la izquierda muestran mayores niveles de conocimiento, con 53,8%, por sobre quienes se ubican en la derecha, con 38,4%, y en el centro, con 40%.
Asimismo, quienes declaran mucho interés en política presentan niveles de conocimiento muy superiores: 75,4% señala haber escuchado mucho sobre la iniciativa (ver Ilustración 2), la cifra que cae significativamente a 11,1% entre quienes no tienen interés en la política. La diferencia importa porque muestra que el proyecto circula con especial fuerza entre públicos ya politizados. Por otro lado, el conocimiento aumenta con los años: alcanza 55,9% entre personas de 65 años o más, mientras que entre jóvenes de 18 a 34 años llega solo a 24,8%.
La ley divide
Al preguntar por la evaluación del proyecto de ley los resultados de la encuesta, el 35,4% está “muy de acuerdo” o “de acuerdo” con el proyecto, mientras que un 37,3% está “muy en desacuerdo” o “en desacuerdo”. La distancia entre ambos bloques es estrecha, sin una mayoría clara ni a favor ni en contra. Esa polarización en la evaluación se vuelve más evidente cuando se observan en diferentes segmentos.
La identificación política marca la fractura principal. Entre quienes se identifican con la derecha, el apoyo es muy alto: 78,6% está “muy de acuerdo” o “de acuerdo”. En contraste, entre quienes se identifican con la izquierda, 85,1% está “muy en desacuerdo” o “en desacuerdo”. 
Por otro lado, entre quienes declaran mucho interés en política se observa la misma división: mientras el 49,4% la aprueba, el 46,8% la rechaza; en ambos casos, en proporciones significativamente más alta que la que se observa en los grupos con algo o nada interés en política. Ello sugiere que el interés político intensifica la posición. No necesariamente vuelve a las personas más favorables o más contrarias por sí mismo, pero sí parece asociarse con opiniones más definidas. Quienes siguen la política se ubican con más claridad frente al proyecto. Quienes están más lejos de ella muestran menor intensidad.
La edad también incide en el respaldo. Entre personas de 65 años o más, el 40,3% está de acuerdo con el proyecto, cifra muy superior al 28,3% observado entre jóvenes de 18 a 34 años. La diferencia no es menor. Los adultos mayores no solo conocen más el proyecto; también tienden a apoyarlo más. Los jóvenes, en cambio, lo conocen menos y muestran una adhesión mucho más baja. La ley divide políticamente, pero también generacionalmente.
Preocupaciones frente al proyecto
Las preocupaciones permiten entender mejor el contenido de esa división. La principal inquietud asociada al proyecto es que “beneficie más a grandes empresas que a las familias”, mencionada por 27,5% del total. Esta respuesta condensa el núcleo de la sospecha, presente particularmente entre quienes se identifican con la izquierda y el centro político (ver ilustración 5), quienes tienen mayor interés en política (ver ilustración 6) y jóvenes de 18 a 34 años (ver ilustración 7).
Para la izquierda además, aparece como segunda preocupación es que se recorten programas o beneficios sociales (37,5%). Para la derecha, ninguna de las esas preocupaciones organiza la lectura del proyecto. Allí parecen pesar más otras claves, mostrando mayor preocupación por el potencial bloqueo del Congreso por razones políticas y bastante más lejos que no reactive la economía.
Entre quienes tienen menor interés político, predomina ampliamente la falta de preocupación en torno al proyecto, con el 30,3%. En cambio, en los grupos de mayor interés en política se observa mayor predominio de preocupaciones asociadas al bloqueo político de la iniciativa o sus efectos redistributivos, beneficiando más a las grandes empresas que a las familias.
Entre jóvenes de 18 a 34 años, 39,7% considera que el proyecto favorece más a grandes empresas. Entre personas de 65 años o más, la cifra baja a 21%. En sentido contrario, entre los adultos mayores crece la preocupación porque el proyecto “recorte programas o beneficios sociales” (28,6%) o porque “el Congreso lo bloquee” (30,4%).
La polarización, por tanto, no se reduce a estar a favor o en contra. Tiene capas. Una capa ideológica, donde derecha e izquierda evalúan la ley desde marcos distintos. Una capa generacional, donde jóvenes y mayores priorizan riesgos diferentes. Y una capa de involucramiento político, donde quienes más siguen la contingencia tienden a tomar posiciones más definidas. La ley se convierte así en una frontera que revela estas divisiones pre-existentes.
La sospecha se extiende hacia la Cuenta Pública.
La próxima Cuenta Pública del presidente será leída en un clima marcado por expectativas segmentadas. La principal demanda temática es seguridad y crimen organizado, con 52,7%. Es el tema más mencionado y, por lo mismo, aparece como una prioridad pública difícil de eludir. Pero incluso allí la transversalidad tiene límites, ya que el peso de su relevancia varía según posición política, interés en política y edad. Para las personas de derecha, o quienes tienen nada o algo de interés en política o para quienes tienen 65 años o más, la seguridad será probablemente la principal vara con la que se medirá la conducción presidencial.
La migración presenta una diferencia aún más marcada. Alcanza 27,8% entre personas de derecha y solo 6,6% entre quienes se identifican con la izquierda. También adquiere mayor relevancia entre personas de 35 a 44 años, con 20,7%.
El costo de la vida, por otro lado, es una preocupación más alta entre los encuestados de 35 a 44 años y entre personas de izquierda, en ambos casos con 36,9%. Entre quienes se identifican con la derecha llega solo al 17,2%.
El crecimiento económico, en cambio, aumenta con el interés político: pasa de 6% entre quienes no tienen interés en política a valores en torno al 30% entre quienes tienen bastante y mucho interés. Además, es significativamente más mencionado por personas de derecha que de izquierda, con 50,1% y 6,1% respectivamente.
La pregunta por lo que se espera de la Cuenta Pública refuerza esa lectura. La principal expectativa es que el presidente entregue metas concretas y plazos, con 37,3%. Esta demanda es especialmente alta entre personas de derecha (44,8%), entre jóvenes de 18 a 34 años (42,3%), y quienes tienen algo de interés en la política (40,4%).
También existe una expectativa de que el presidente explique con claridad lo que ya se ha hecho, mencionada por 16,9% del total y especialmente alta entre personas de derecha, con 21,3%. En cambio, la demanda de que reconozca problemas y dificultades alcanza 21,9% entre personas de izquierda y apenas 7,5% entre personas de derecha. La diferencia es reveladora. La derecha parece esperar más rendición de cuentas en clave de resultados. La izquierda, más reconocimiento de límites y dificultades.
La convocatoria a acuerdos políticos aparece baja en términos generales, con 5,3%. Aumenta entre personas muy interesadas en política, con 10,6%, y entre encuestados de 34 a 44 años, con 8,5%. El dato sugiere que el lenguaje del acuerdo tiene más llegada entre públicos politizados, pero no parece ocupar el centro de las expectativas ciudadanas.
El escepticismo también tiene un lugar. Entre personas con bajo interés político, 38,6% declara que “no espera nada” de la Cuenta Pública, proporción muy superior al 10% registrado entre quienes tienen bastante interés político. Esta distancia muestra otro tipo de polarización, menos ideológica y más relacionada al vínculo con la política. No divide entre izquierda y derecha, sino entre quienes esperan algo de la institucionalidad y quienes ya no esperan demasiado.
Evaluación 90 días
Bajo el relato de “Gobierno de Emergencia”, el propio Gobierno asumió compromisos a un plazo de 90 días, haciendo coincidir el cumplimiento de dicho plazo con su primera Cuenta Pública. Los resultados muestran que para todos los tópicos considerados predomina el pesimismo entre los encuestados. Dicho pesimismo es particularmente más alto en la que respecta a “Mejorar el orden público y la seguridad”, justamente el elemento más relevante para los encuestados al indagar en torno a sus expectativas de cara a la próxima cuenta pública. Le siguen en importancia, la reducción del déficit habitacional y la auditoria de la gestión del gobierno anterior como aspectos con poca confianza de avances.
Al observar estos resultados por interés en política, destaca que en todos los grupos y para todas las afirmaciones predominan quienes no confían en que el gobierno logre avances. La reducción del déficit habitacional destaca en el grupo de nada interés en la política con el 72,7% de desconfianza en que se produzcan logros, lo que resulta significativamente más alto que lo que se observa en todos los demás grupos para esa afirmación. Asimismo, es justamente ese grupo donde existen las brechas más grandes entre quienes reportan desconfianza respecto de quienes creen que si se lograrán avances. Ello posiciona al grupo como aquel con las distancias más exacerbadas respecto a la gestión gubernamental. Al contrario, dichas brechas se van haciendo más pequeñas en la medida que aumenta el interés en política, lo que refuerza el hallazgo destacado en la evaluación de la “Ley Miscelánea” que las personas más informadas tienden a tener una posición más clara.
Según tramo de edad, los resultados muestran que en todos los grupos predomina la desconfianza en que el gobierno logre avances en los distintos ámbitos evaluados, aunque con intensidades diferenciadas. Las personas de 65 años o más presentan niveles relativamente más altos de confianza que los demás segmentos etarios, especialmente en materias como mejorar el control fronterizo y auditar la gestión del gobierno anterior, presentando porcentajes significativamente más bajos de desconfianza que los encuestados de 18 a 34 años. En contraste, entre las personas más jóvenes se observan porcentajes más altos de desconfianza, particularmente respecto de mejorar el orden público y la seguridad y reducir el déficit habitacional, lo que refleja una mirada más escéptica frente al cumplimiento de las metas de corto plazo. De esta manera, la edad no altera el predominio del pesimismo, pero sí modula su intensidad: a mayor edad, la desconfianza tiende a atenuarse y la confianza a ganar algo más de espacio.
Según autoclasificación política, los resultados muestran un comportamiento en línea con lo esperado teóricamente. Las personas de izquierda presentan los porcentajes más altos de desconfianza en que se produzcan avances en las materias consultadas, con porcentajes que son significativamente más altos que los observados entre las personas de centro y derecha. Por otro lado, las personas de derecha se constituyen en el único grupo donde predominan las personas que reportan confianza en la capacidad gubernamental de generar avances en estos primeros 90 días, aunque con porcentajes inferiores o en torno al 50% para varias de esas afirmaciones. Solo mejorar el control fronterizo destaca como un área con mayor capacidad de presentar logros, con el 69,7%. Los encuestados de centro, por otro lado, también presentan altos niveles de desconfianza, aunque en menor medida que las personas de izquierda. En particular, “mejorar el orden público y la seguridad” y “reducir el déficit habitacional” corresponden a las afirmaciones con mayor desconfianza en este grupo, con 70.6% y 69.1% respectivamente.
La confianza en la capacidad del gobierno de lograr avances en estos aspectos durante los primeros 90 días ha sido evaluada en dos mediciones, marzo y la actual, mostrando que las expectativas en torno a “Mejorar el control fronterizo”, “Mejorar el orden público y la seguridad” y “Auditar la gestión del gobierno anterior” han experimentado un crecimiento estadísticamente significativo en la desconfianza al comparar los resultados.
Conclusiones
Los resultados muestran que las percepciones ciudadanas sobre la ley miscelánea, la Cuenta Pública y la capacidad del gobierno para cumplir sus primeras metas reflejan fuertemente el clivaje político tradicional, pero también importantes brechas generacionales y de involucramiento con la política. El gobierno llega a la Cuenta Pública en un escenario complejo: con una ley emblemática que polariza políticamente y despierta sospechas en torno a efectos redistributivos perniciosos, prioridades heterogéneas o fragmentadas de cara a la cuenta pública y un fuerte escepticismo respecto a su capacidad de cumplir con los objetivos que el propio gobierno se propuso para su primera etapa. Dicha desconfianza en las capacidades del gobierno predomina en Seguridad, justamente la principal preocupación de los encuestados de cara al hito del próximo 1° de Junio.
Ficha Técnica
- Diseño de investigación: Estudio cuantitativo no probabilístico. Encuesta online vía correo electrónico
- Universo: Personas de 18 años y más que poseen un correo electrónico.
- Marco muestral: Base de datos de aproximadamente 1.000.000 de correos electrónicos de personas que habitan en el territorio chileno.
- Muestra: 1.148 entrevistas web.
- Ponderación: Ajuste post-encuesta considerando Región, Sexo, Edad, Nivel educacional, GSE, Tipo de vivienda y Cantidad de miembros del hogar (Hogares unipersonales). Los parámetros poblacionales de Región, Sexo y Edad fueron obtenidos las proyecciones de población para el 2025 realizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Los parámetros de nivel educacional, GSE y Tipo de vivienda provienen de la base de datos de encuesta CASEN 2022, utilizando el factor de expansión regional. El parámetro de hogares unipersonales utilizado proviene del CENSO 2024.
- Tasas de contacto: 15.7% (corresponde a la proporción de correos abiertos respecto de los enviados)
- Tasa de respuesta: 8.5% (corresponde a la proporción de encuestas respondidas sobre el total de correos abiertos)
- Método de muestreo: Muestreo aleatorio simple sobre marco muestral disponible.
- Periodo de terreno: 19 al 26 de mayo de 2026.
